La invasión de los paramilitares en
mayo de 2004 por la finca Daktari no es una intrusión externa, sin conexiones
con la vida nacional. Empresarios, medios de comunicación privados, oposición
política y oficiales conspiradores cómplices operaron como Quinta Columna que
financió, escondió, apoyó y justificó a los sicarios.
La invasión de los paramilitares era
la salida desesperada de una oposición que sabía que iba a perder una consulta
electoral. Fracasados el golpe de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de 2002
y 2003, convocaron los opositores un referendo revocatorio que las encuestas
mostraban como un seguro fiasco. Una perturbación mayor del orden público
suspendería la temida derrota electoral, arrojaría la culpa de la suspensión
sobre el gobierno, abriría el camino hacia un nuevo asalto violento al poder.
La invasión de los paramilitares estaba
planeada como detonador de acciones más complejas. El magnicidio del Presidente
o la perturbación del orden público al intentarlo serían acompañados de una
cortina de humo mediática destinada a confundir al pueblo y a legitimar un
nuevo pronunciamiento golpista, posiblemente acompañado de intervención
extranjera.
La invasión de los paramilitares fue
sólo uno de los episodios de un plan mayor estadounidense que persigue el
dominio sobre los recursos naturales y la mano de obra de América Latina
mediante un corredor estratégico llamado Plan Puebla-Panamá, que utilizaría a
México y América Central como un puente hasta una Colombia ocupada por bases
estadounidenses, que a su vez sería usada, dentro del llamado Eje del Pacífico,
como país halcón contra los planes de integración y revolución latinoamericana.
Para ello es indispensable un desproporcionado gasto militar. En mi libro La
Paz con Colombia señalo que la Hermana República mantenía 459.687 efectivos en
su Presupuesto de Defensa para 2007 y gastaba unos 22.000 millones de dólares
en gastos bélicos, un 6,5% de su PIB (Caracas, Minci, 2010). En artículo del 11
de mayo de 2012 en Aporrea, señala José Gregorio Piña que “en el quinquenio
2006-2010 los gastos militares de Venezuela fueron el 10,7% del total de países
de la UNASUR, mientras que los de Colombia en el mismo lapso fueron el 17% de
ese total; es decir, que Colombia gasto 59% más que Venezuela; no es la resta
entre ambos porcentajes, sino la proporción entre ambos porcentajes. En
términos de los respectivos PIB, Colombia gastó 174% más que Venezuela, es
decir, casi el triple”.
La invasión de los paramilitares fue
el prólogo de la aplicación de ese poderío armamentista en acciones de mayor
magnitud, como la agresión de Colombia contra Ecuador con apoyo y dirección de
Estados Unidos en 2008, y las operaciones de espionaje e intervención planeadas
por el presidente Uribe contra Ecuador, Venezuela y Colombia en la llamada
Operación Orión, que el ministro Tarek el Aisami documentó en la Asamblea
Nacional en 2011.
La invasión de los paramilitares es
silenciosa. En su país de origen, nadie reconoce oficialmente su existencia ni
admite la extensión de sus poderes. En Venezuela, gran parte de los medios
privados ocultó su presencia con un apagón comunicacional. Cuando una cadena
nacional reveló su existencia, la disimularla alegando que se trataría de un
montaje noticioso. Ahora imponen sobre la agresión y sus secuelas un interesado
olvido.
La invasión de los paramilitares
prosigue. La delatan la multiplicación de denuncias sobre cobros de peaje y
alcabalas en estados fronterizos dominados por la oposición. La progresión de
señalamientos de su presencia en otras regiones, hasta las colindantes con la
Guayana Esequiba. El crecimiento del sicariato, que cuenta ya dos centenares de
víctimas entre los dirigentes agrarios y decenas entre los sindicalistas
urbanos. La multiplicación de crímenes horrendos, con agravantes de
ensañamiento y detalles macabros, que parecieran no tener otro fin que sembrar
el pavor en la población y sugerir que las autoridades son incapaces de
contenerlos. La progresiva suplantación de nuestra hampa artesanal por una
delincuencia organizada con disciplina, armamento y financiamiento militar. La
proliferación de industrias en las cuales invierten narcos y paramilitares:
bingos, casinos, prostitución, transporte y comunicaciones (El Tiempo.com, 2
-6- 2005). Como explica Darío Azzellini en entrevista con Marcelo Collussi: “En
una primera fase ese paramilitarismo colombiano comenzó a penetrar Venezuela
desde el punto de vista económico. De hecho tiene el control de muchos sectores
aquí, con fincas y toda una logística que le permite tener lugares seguros para
actuar y replegarse cuando es el momento. En territorio nacional controla el
contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, y eso es un negocio muy
grande. Controla el narcotráfico, y se puede suponer, a partir de los datos que
han ido saliendo a luz recientemente, que controla también el contrabando de
alimentos. Si tienen ya montada la estructura para el contrabando de la
gasolina, pueden aprovechar eso perfectamente para contrabandear cualquier otra
cosa, alimentos para el caso. Y con eso, justamente, se ve el perfil
desestabilizador que habría en ese contrabando: se provoca el
desabastecimiento, lo cual ayuda a la ingobernabilidad en Venezuela. De hecho,
en Colombia los paramilitares tienen el control de una buena parte del acopio
de leche. Por ello es que podría deducirse que en el actual desabastecimiento
de la leche en Venezuela estarían estas organizaciones, manejándose con un
criterio político en definitiva. Además de eso, se dan otros fenómenos del
paramilitarismo colombiano dentro de territorio venezolano, como por ejemplo la
colaboración con ganaderos. Muchos de los sicarios responsables de las muertes
de líderes campesinos de Venezuela (186 desde el año 2001 cuando aparece la Ley
de Tierras) son colombianos. Y eso es muy fácil de saber, porque simplemente se
los identifica por su acento. Hay muchos testimonios al respecto. Se sabe de la
presencia de paramilitares colombianos en Venezuela, aunque todavía no estén
actuando como formaciones armadas tal como hacen en Colombia. De momento los
asesinatos que provocan son selectivos, y actuando en grupos pequeños, de dos o
tres personas. No son las masacres enormes como habitualmente hacen en Colombia
(Argenpress: “Venezuela ante la encrucijada militar”, 22-2-2008).
La invasión de los paramilitares
prefigura lo que sería un gobierno de la oposición que los importó. Incapaz de
acceder al poder por vía electoral, lo buscaría por golpe de fuerza como en
abril de 2002, por invasión extranjera como en 2004 o por combinación de ambos.
Para sostenerse recurriría a los más brutales expedientes de la cultura de la
muerte. Pactos con el diablo o con paramilitares convierten al lacayo en amo.
Gobierno que se sirve del paramilitarismo concluye sirviéndolo. El
paramilitarismo es una ideología, pero también una sociología, una economía,
una política. Las industrias infames del paramilitarismo, narcóticos, juego,
prostitución, extorsión y sicariato dominarían la vida nacional. Un poder
divorciado de las mayorías las reprimiría en exclusivo beneficio propio.
Políticos y Estado no representarían al pueblo, sino a la violencia ilegal que
intentaría aniquilarlo. La riqueza de Venezuela sería repartida como botín de
traficantes. Mandadero de poderes mayores, el paramilitarismo abriría la puerta
a las bases militares extranjeras. Venezuela devendría país ocupado. La
resistencia popular iniciaría una guerra de liberación que sólo concluiría con
la victoria.
La invasión de los paramilitares no es
tema para el recuerdo, sino para la previsión, la acción y la constante alerta.
Artículo: Luis Britto García
Fuente: RNV
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